Teniente retirado del Minint rompe el silencio sobre las violaciones a los derechos humanos de los manifestantes del 11J
El primer teniente Grober Quiala Estupiñán, pensionado del Ministerio del Interior que por más de 25 años se desempeñó como investigador judicial en la policía de Micro 9, en Santiago de Cuba, decidió romper el silencio sobre las injusticias que se han cometido con los manifestantes del 11 de julio.
Según su relato, publicado en Facebook, el día de las protestas su familia se encontraba reunida. Su sobrino Iván Arocha Quiala salió en busca de cigarros y una botella de ron. En el camino se encontró a otros jóvenes y decidió incorporarse a la manifestación.
Los demás familiares salieron en busca de Arocha Quiala.
“Primeramente, salió mi cuñado, pero como este se había tomado varios tragos de ron, en su búsqueda salió mi hijastro, quien logró contactar con mi sobrino Iván y ambos fueron hasta el parque. Tras el nerviosismo salieron mi hermana y mi sobrina. Yo y mi hermano también salimos, pero al llegar al parque los habían detenido a todos”.
Pasaron varios días sin saber su paradero. Luego, el primer teniente fue citado por la contrainteligencia interna. “Confieso que me sentí muy mal”, aseguró. Entonces se dedicó a investigar por su cuenta cómo ocurrieron los hechos.
“No solo hubo un exceso en las actuaciones de los policías –manifestó–, sino que se violaron derechos establecidos constitucionalmente, como el derecho a la salud. No se le dio atención médica a ninguno de los detenidos y todos estaban lesionados. Hasta las mujeres fueron golpeadas por oficiales como el Capitán Uber Tamayo Mengana, que le dio una patada en el abdomen a mi sobrina Sheila, y el oficial Asiel Estévez Frómeta, quién luego de esposar a los detenidos a los tubos de los asientos, golpearon brutalmente hasta perforarle un oído a mi cuñado Iván Mauricio Arocha”.
Durante la detención resultaron “humillados con palabras ofensivas y solo le daban un vasito de agua en la mañana y uno en la noche”.
“Les permitieron a los abogados la visita pasados más de 18 días, quizás para evitar que le vieran las lesiones que habían sufrido y privándolos de otro derecho constitucional como es el derecho a la defensa”, afirmó Quiala Estupiñán.
También denunció fallas en el juicio oral contra los detenidos. Entre ellas, instructores penales exigiendo a los testigos decir cosas que no habían sucedido y otras.
Por otra parte, el primer teniente exigió que se publique “el juicio de la causa 448/21 del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba, y que una comisión de Derechos Humanos de la ONU tenga acceso a este expediente y a todos los expedientes vinculados al 11J”.