Gobierno de Bolivia “justifica” la expulsión del activista cubano Magdiel Jorge Castro

Luego de haber ordenado la expulsión del activista cubano Magdiel Jorge Castro de su territorio, el Gobierno de Bolivia se pronunció al respecto, explicando las razones a las cuales se debió esta decisión.

Esta explicación llega luego de que la expulsión del joven fuese criticada por varias instituciones en redes sociales, las cuales calificaron el hecho como un abuso por parte del Gobierno boliviano.

Al parecer del Gobierno, el joven interfirió en cuestiones políticas de un país con su activismo, haciendo referencia a sus múltiples denuncias contra el régimen cubano.

El ministro de Gobierno Interior, Eduardo del Castillo, dijo a la prensa internacional que cualquier ciudadano extranjero que se asiente en su territorio debe de acatar la normativa legal y vigente, por lo que “si la Dirección General de Migración ha determinado que el ciudadano cubano ha incumplido las normas, entonces debe retirarse del país”.

El funcionario indicó a la agencia de noticias EFE que cualquiera que interrumpa las normativas bolivianas, o que cometa faltas, contravención o delitos, también “va a tener que cumplir la sanción correspondiente”.

Al ser cuestionado sobre si un tuit podía ser ilegal, el funcionario señaló que no, pero que en Bolivia no iba a “venir a hacer lo que quiera cualquier ciudadano extranjero”.

“Está garantizada la libertad de pensamiento, cualquier persona puede pensar y decir lo que piensa, pero no puede interferirse en cuestiones políticas de un país”, recalcó Eduardo del Castillo al respecto.

Como era de esperarse, la prensa estatal de Cuba, la cual ha hecho campañas difamatorias en contra del activista en el pasado, aprovechó para hacer eco de lo ocurrido.

La oficialista Prensa Latina asoció al activista con la Gobernación de Santa Cruz y el Comité Cívico de ese departamento, instancias que han sido calificadas por el Gobierno de Luis Arce como “opositoras extremistas” al actual Gobierno boliviano.

Además, la nota oficialista afirma nuevamente que el Gobierno de Estados Unidos financia al activista, negándose a reconocer que alguien puede denunciar las violaciones de los derechos humanos que ocurren en la Isla sin que este sea un “mercenario” del “imperio”.

La noticia de su expulsión fue compartida por el mismo activista, el cual indicó mediante una directa de Facebook que esta era sin duda una “decisión política sin precedentes”.