Régimen busca castigar a residentes de edificio por derrumbe que mató a tres niñas en La Habana

A inicios de 2020, el balcón de un edificio se derrumbó en el municipio capitalino de Habana Vieja, cayendo sobre tres niñas que se encontraban jugando en la calle y acabando con sus vidas. Ahora, a más de tres años del hecho, las autoridades castristas están intentando culpar a los residentes del inmueble, afirmando que una negligencia por su parte fue la que provocó el lamentable hecho.

Por su parte, los afectados, Regla Isabel Rodríguez y su esposo Adrián Frómeta González, afirmaron en una entrevista con el periodista Mario J. Pentón que las autoridades solo quieren usarlos como chivos expiatorios para deslindarse de responsabilidades, pues consideran que el abandono por parte del Estado fue el factor que dejó el edificio en tal estado.

Las acusaciones penales que enfrentan estas dos personas y otros dos familiares podrían enviarlos a prisión por entre seis y siete años, todo porque el régimen afirma que unas reparaciones menores efectuadas en el inmueble habrían contribuido al derrumbe del balcón.

Los acusados, por su parte, se defienden señalando que las modificaciones hechas fueron mínimas, por lo que era improbable que estas hayan ocasionado el desastre.

Adicionalmente, argumentan que las autoridades tendrían más responsabilidad en lo ocurrido, pues los vecinos habían estado denunciando las pésimas condiciones en las que se encontraba el inmueble desde 2014, pero fueron ignorados por los funcionarios castristas.

Rodríguez indicó que, durante años, sus reclamos ante Vivienda municipal fueron ignorados, y que las respuestas dadas por Vivienda provincial y el Partido Comunista de Cuba (PCC) no resolvieron nada.

Frómeta González alegó que las verdaderas causas habrían sido unas obras mayores efectuadas por la entidad estatal Servicios de la Construcción (Secons), así como la falta de mantenimiento general por parte de las autoridades.

“Nos están culpando injustamente. Hicimos lo mínimo para mantener nuestra casa habitable. No somos delincuentes; somos víctimas de un sistema que ha fallado en protegernos”, declaró el hombre en el video.

El esposo indicó que han perdido el miedo a las represalias por parte del gobierno, por lo que decidieron denunciar su caso. En ese sentido, considera que no pueden recibir este castigo injusto sin hacer nada al respecto.

“Ya no tenemos miedo a que pase lo que tenga que pasar. No podemos cumplir por una acusación injusta. No tenemos antecedentes penales, somos personas vinculadas a la sociedad, cubanos de a pie como todos”.

“Yo alerté sobre los riesgos. El gobierno hizo las reparaciones. ¿Cómo podemos ser responsables de esto?”, se preguntó la mujer, quien sostuvo que eran inocentes.

El fatídico derrumbe ocurrió el 27 de enero de 2020, en las calles Águila y Revillagigedo, y acabó con las vidas de María Karla Fuentes, Lisnavy Valdés Rodríguez, y Rocío García Nápoles, quienes cursaban el sexto grado de primaria.

Irónicamente, esta no sería la primera vez que el gobierno cubano intenta deslindarse de las responsabilidades de un fatal derrumbe culpando a los residentes del edificio, pues en marzo del mismo año, culparon a los residentes de un inmueble en el que falleció un joven y otros dos resultaron lesionados.

En aquella ocasión, el régimen argumentó que los residentes realizaron reparaciones “sin permiso” y “sin consultarlo” con las autoridades del municipio, lo que generó el derrumbe en el edificio multifamiliar.