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Régimen justifica el aumento de precios a productos de la bodega

Las autoridades reconocieron que el Estado no puede seguir asumiendo los subsidios debido a que se enfrentan a un terrible déficit fiscal

Las autoridades castristas justificaron el recientemente anunciado aumento en los precios de los productos de la canasta básica que se distribuyen a través de la libreta de abastecimiento.

Durante una de las últimas emisiones del programa de la Mesa Redonda, el ministro de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, indicó que los actuales precios de venta en las bodegas cubanas están “distorsionados”, y el Estado no puede seguir asumiendo los subsidios debido a que se enfrentan a un terrible déficit fiscal que, para el 2024, rozará el 15% del Producto Interno Bruto (PIB).

El funcionario no especificó de cuánto será el aumento de precio en los productos de la bodega, pero sea cual sea este incremento, terminará afectando a las familias de la Isla, las cuales ya de por sí tenían que lidiar con el hecho de que la canasta se encuentra cada vez más vacía.

Gil recalcó que el propósito de acabar con el subsidio universal, es pasar de subsidiar productos a subsidiar a personas, aunque tampoco aclaró cuáles serán los criterios que se considerarán para decidir quién merece ser subsidiada.

“Es algo que tenemos que revisar, porque esa pretensión de mantener el aseguramiento de productos a precios muy subsidiados en la actualidad no es una distribución muy equitativa”, dijo Gil, reconociendo la ineficiencia del sistema.

El ministro recalcó que no se eliminará la canasta, o más bien, la regulación e intervención del Estado en lo que se puede comer o no. En ese sentido, recordó que cada ciudadano continuará recibiéndola, pero advirtió que van a “mover” varios de los precios.

“Que los subsidios se trasladen a las personas que están en situación de vulnerabilidad y no sean de carácter masivo a todos los productos que se entregan por la canasta familiar normada”, añadió el funcionario comunista.

La Isla importa gran parte de los alimentos que consume, gastando unos 1.600 millones de dólares en importaciones para “garantizar” la canasta normada, esto pese al embargo de Estados Unidos que, según el régimen, le impide introducir productos al país.

En ese sentido, la cifra representa 700 millones de dólares más que en 2019, año previo a la llegada del COVID-19, el cual provocó una crisis inflacionaria alrededor del mundo.

La situación ha generado preocupación entre los ciudadanos, pues la crisis económica que azota al país desde que se llevó a cabo la fallida Tarea Ordenamiento ha hecho cada vez más difícil conseguir alimento para las familias.

Mientras la canasta mermaba cada vez más, seguía siendo una ayuda extra que tenían los ciudadanos para llevar alimento hasta la mesa, pero ahora muchas de estas familias verán afectado ese apoyo.

 

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