Este condado de Florida tiene casi 10.000 órdenes de deportación de ICE

Luego de que el gobierno de Donald Trump terminara con el programa de parole humanitario en Estados Unidos y el ingreso y regularización de migrantes quedara interrumpido, un condado de Florida se ha llevado el foco por el gran número de deportaciones que le esperan.

Un reportaje de la cadena televisiva hispana Univisión, reveló que un condado del ‘estado del Sol’, la mayor cuna de la comunidad migrante cubana en EEUU, tiene cerca de 10.000 órdenes de deportación, siendo la zona con más migrantes en riesgo inmediato de expulsión del país.

Según un informe de Univisión, la cifra podría duplicarse en las próximas semanas, lo que llevaría a un incremento considerable en las detenciones y deportaciones dentro del condado.

El condado en cuestión es el de Orange, donde este martes las autoridades acordaron una colaboración con la cárcel local y ICE como parte del respaldo de Florida a las políticas del presidente Trump en materia de inmigración irregular.

El programa propuesto faculta a los oficiales de la cárcel del condado para desempeñar funciones propias de los agentes de inmigración.

Lo anterior, significa que los oficiales del condado podrán realizar la transferencia a ICE de inmigrantes sin estatus legal permanente que se encuentren bajo custodia, con el objetivo de facilitar su expulsión.

Si bien el condado ya albergaba a personas indocumentadas en sus instalaciones, ahora 17 oficiales correccionales recibirán formación adicional por parte de ICE para poder emitir órdenes de arresto.

Se estima que más del 3% de los residentes de Florida no cuentan con documentos migratorios. En el condado de Orange, el más poblado del estado, alrededor del 33% de sus habitantes son de origen hispano.

Diversas localidades de Florida han firmado el programa 287(g), promovido por el gobernador Ron DeSantis, el cual permite la cooperación de fuerzas estatales y locales con ICE para identificar y detener a inmigrantes en situación irregular.

También se han establecido acuerdos que amplían las facultades de las autoridades locales en la aplicación de leyes migratorias y se han impulsado normativas estatales que penalizan el ingreso ilegal al estado.

El gobernador ha sido enfático en que Florida no será un estado santuario y ha implementado medidas para prohibir estas políticas, exigiendo la cooperación de autoridades estatales y locales con las agencias federales de inmigración. Incluso, ha advertido que suspenderá a funcionarios que se rehúsen a colaborar con ICE.

Ciudades como Fort Myers, Hialeah, Davie, Sunny Isles, Palm Beach Gardens y Coral Gables, entre otras, han reforzado su compromiso con la aplicación estricta de las normas migratorias bajo la administración de Ron DeSantis.

Sin embargo, el aumento de órdenes de deportación ha generado inquietudes sobre posibles casos de perfilamiento racial y vulneraciones a los derechos humanos.

Organizaciones en defensa de los inmigrantes temen que estas políticas puedan dar lugar a detenciones arbitrarias y prácticas discriminatorias por parte de las fuerzas del orden, lo que podría erosionar la confianza entre las comunidades migrantes y las autoridades locales.