Administración de Trump apunta a deportar a un millón de migrantes

La administración de Donald J. Trump ha fijado una meta audaz y controversial para este año: deportar a un millón de inmigrantes indocumentados. Esta cifra, compartida por la Casa Blanca, ha generado críticas y dudas, ya que se considera que es difícil de alcanzar debido a limitaciones logísticas y obstáculos legales.

Durante sus campañas presidenciales, Trump había prometido llevar a cabo deportaciones masivas, y desde su regreso al poder, ha continuado con sus esfuerzos para aplicar su estricta agenda migratoria. Aunque ya ha logrado expulsar a cientos de inmigrantes y ha ejecutado varias operaciones de deportación, la cifra de un millón se enfrenta a problemas significativos.

Uno de los principales responsables de esta política es Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca, quien ha trabajado estrechamente con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para desarrollar estrategias que faciliten la deportación masiva.

Según The Washington Post, fuentes cercanas señalan que Miller ha negociado acuerdos con hasta 30 países para aceptar deportados, incluyendo a aquellos que no son ciudadanos de esas naciones.

Esto podría desbloquear los casos de los 1.4 millones de inmigrantes que ya tienen órdenes de deportación pero que no han podido ser expulsados debido a la negativa de sus países de origen a recibirlos.

Sin embargo, la meta de deportar un millón de personas se ve como una tarea casi imposible, según analistas y expertos, ya que las agencias migratorias han estado luchando durante años con la falta de recursos.

A pesar de los esfuerzos por aumentar los arrestos y las deportaciones, los vuelos de deportación solo han aumentado un 15% en comparación con meses anteriores.

La administración también enfrenta obstáculos judiciales. Varios jueces federales han detenido las deportaciones que consideran ilegales, y la Corte Suprema ha dictaminado que el gobierno debe dar tiempo a los inmigrantes para impugnar sus deportaciones.

Otro reto es la falta de transparencia en las operaciones migratorias, lo que ha generado críticas. A pesar de intensificar los esfuerzos, el gobierno no ha sido claro en cuanto a la efectividad de sus políticas y ha dejado de publicar estadísticas sobre deportaciones.

Además, el descenso en los cruces ilegales por la frontera sur ha reducido la cantidad de personas detenidas, lo que irónicamente limita las deportaciones, ya que tradicionalmente la mayoría de las expulsiones se realizaban a aquellos que intentaban entrar ilegalmente al país.

En ese sentido, analistas prevén que, a este ritmo, se podrían alcanzar solo unas 212.000 deportaciones este año, muy por debajo de la meta propuesta.