Amenazan con regresar a prisión a los 500 excarcelados liberados en negociaciones con el Vaticano

El gobierno cubano, a través del periódico oficialista Granma, ha advertido que los ciudadanos liberados bajo la medida de excarcelación anunciada el pasado 14 de enero podrían ser devueltos a prisión si incumplen las condiciones impuestas. Este proceso de liberaciones, finalizado en febrero, benefició a un grupo de reclusos bajo términos restrictivos.

Las excarcelaciones se realizaron supuestamente en el marco de un acuerdo mediado por el Vaticano y relacionado con el intento del expresidente estadounidense Joe Biden de retirar a Cuba de la lista de Países Patrocinadores del Terrorismo, aunque posteriormente la Isla fue reincorporada a dicha lista por la administración de Donald J. Trump.

Durante una entrevista concedida a Canal Caribe, la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Maricela Sosa Ravelo, precisó que en enero se aprobaron 378 liberaciones y en febrero otras 175, sumando un total de 553 personas que recuperaron su libertad de manera condicionada.

No obstante, según la información divulgada este miércoles por el órgano del Partido Comunista de Cuba, la funcionaria destacó que aquellos que violen las restricciones impuestas enfrentarán el regreso a prisión para cumplir el resto de su condena.

Entre las condiciones establecidas, Sosa Ravelo mencionó que los liberados deben integrarse a actividades de estudio o trabajo, siempre que estén en condiciones y cuenten con la aprobación del tribunal. Además, se les exige mantener un “comportamiento social adecuado”.

Las autoridades enfatizaron que estos beneficios “pueden ser revocados” si se incumplen los requisitos, lo que implicaría el retorno inmediato a la cárcel. La funcionaria subrayó que la libertad anticipada se considera un período de prueba, por lo que la condena original no se extingue.

Por su parte, Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoners Defenders (PD), denunció que los excarcelados permanecen bajo un “régimen carcelario domiciliario”, con restricciones que, a su juicio, vulneran derechos humanos y garantías procesales. Según Larrondo, este mecanismo es utilizado por el gobierno cubano para mantener el control sobre los opositores.

Datos de PD indican que, de los 553 reclusos liberados, solo 229 son considerados presos políticos, y parte de ellos ya se encontraba bajo un régimen de libertad condicional antes del anuncio. Cifras similares han sido reportadas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que registró 212 presos políticos y confirmó que algunos ya estaban fuera de prisión antes de este proceso.

Larrondo considera que el gobierno cubano usa estas excarcelaciones como una “moneda de cambio” para obtener beneficios políticos y económicos. Sin embargo, en esta ocasión, sostiene que el intento de mejorar la imagen internacional del régimen ha resultado fallido debido a la continuidad del control arbitrario sobre los liberados.

Uno de los casos más notorios es el de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien tras recuperar su libertad reanudó su actividad opositora y denunció las restricciones impuestas por el régimen. Según diversas fuentes, Ferrer podría ser arrestado nuevamente en los próximos días debido a sus declaraciones públicas.

Pese a las expectativas generadas, figuras como Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo ‘Osorbo’, fundadores del Movimiento San Isidro, no fueron incluidas en las listas de excarcelación. Hasta el momento, el gobierno cubano no ha dado explicaciones sobre su permanencia en prisión, esto mientras ya dio por concluido el proceso de excarcelación.