Autoridades de Hialeah buscan colaborar con ICE para aplicar leyes migratorias
Con esto, los oficiales de policía asumirían ciertas atribuciones, como interrogar y detener a sospechosos de estar en EEUU de manera irregular
El gobierno de Hialeah está a punto de convertirse en una de las primeras ciudades de Miami-Dade en establecer una cooperación formal con la administración de Donald J. Trump en materia migratoria. El martes 11 de marzo, el concejo municipal debatirá una resolución que, de aprobarse, facultaría al alcalde Esteban “Steve” Bovo para suscribir un acuerdo con la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El convenio permitiría que los oficiales del Departamento de Policía de Hialeah asuman ciertas atribuciones propias de agentes migratorios, como interrogar y detener a inmigrantes sospechosos de violar las leyes migratorias.
Esta posibilidad ha generado una profunda preocupación entre los residentes de la ciudad, una comunidad predominantemente compuesta por inmigrantes latinos, especialmente de origen cubano, muchos de los cuales poseen el documento I-220A.
Esta iniciativa se enmarca en el programa 287(g), una estrategia que permite a las fuerzas del orden locales colaborar con el gobierno federal en la detención de inmigrantes indocumentados.
Si bien la aplicación de leyes migratorias es competencia exclusiva del gobierno federal, la administración Trump ha promovido que agencias locales participen activamente en la ejecución de sus políticas con el objetivo de realizar “la mayor deportación de la historia de EEUU”. En Florida, la legislación estatal ya exige que los alguaciles establezcan acuerdos con ICE, y varias ciudades han seguido esta directriz.
El crecimiento migratorio en Hialeah ha sido notable en los últimos años. Se estima que alrededor de 80.000 cubanos han llegado a la ciudad en este período, lo que ha generado presión sobre los recursos locales.
El alcalde Bovo ha comparado esta situación con el éxodo del Mariel de 1980, pero con “esteroides”, haciendo referencia al volumen y rapidez con que ha aumentado la población migrante.
Desde el Departamento de Policía de Hialeah se argumenta que este acuerdo contribuirá a fortalecer la seguridad en la ciudad. George Fuentes, jefe de la policía local, ha afirmado que todos los oficiales recibirán entrenamiento especializado en la aplicación de leyes migratorias.
Sin embargo, defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que esta medida podría erosionar la confianza entre la comunidad y la policía, disuadiendo a las víctimas de crímenes de reportar incidentes por temor a represalias migratorias.
Varias ciudades de Florida ya han suscrito acuerdos similares con ICE, entre ellas Coral Gables, Davie y Key West. En el caso de Coral Gables, la medida ha sido objeto de controversia, al punto que el concejo municipal planea discutirla nuevamente en su próxima reunión. Además, grupos activistas han convocado ruedas de prensa para manifestar su oposición.
Los detractores del programa 287(g) sostienen que la intervención de la policía local en la aplicación de políticas migratorias puede fomentar la discriminación y debilitar la relación entre la comunidad y las autoridades. En contraste, quienes respaldan la iniciativa aseguran que refuerza la seguridad y facilita la cooperación con las entidades federales.
La postura del alcalde Bovo respecto a la inmigración ha sido clara en los últimos años. En 2024, impulsó una resolución para condenar las políticas migratorias de la administración Biden, exigiendo controles más estrictos en la frontera y un mayor control del flujo migratorio en el condado de Miami-Dade.
Con esto, Hialeah, tradicionalmente un refugio para exiliados cubanos y migrantes de otras nacionalidades, podría enfrentar un cambio significativo en la relación entre sus residentes y las fuerzas del orden.
