Tres educadores cubanos han sido apresados y recibieron condenas de entre 10 meses y dos años de prisión por vender a 15 CUC los exámenes finales de duodécimo grado en preuniversitarios de Sancti Spíritus.
Según reportó este lunes el periódico provincial Escambray, el fraude afectó a estudiantes de los institutos preuniversitarios Honorato del Castillo, en la capital; Nieves Morejón, de Cabaiguán; y los centros mixtos Antonio Guiteras, también de la capital, y Leoncio Hernández, de Banao.
El diario, que no reveló las identidades de los implicados, informó que la condena mayor fue impuesta a un profesor que vendió directamente los exámenes a los alumnos y que fue sancionado a dos años de privación de libertad por el delito de Abuso de autoridad.
Bajo ese mismo delito, previsto en el Artículo No.133 del Código Penal, la Fiscalía de Sancti Spíritus condenó a un año y ocho meses de prisión a la metodóloga municipal de la asignatura Química, quien fungía como jefa del tribunal de calificación; y a una “profesora cómplice”, a 10 meses de trabajo correccional sin internamiento.
“Eso, sin contar la confiscación de los teléfonos celulares utilizados en la comisión del hecho, así como del dinero fruto del delito. Hubo también sanciones accesorias, entre las que figura la prohibición de ejercer la profesión, cargo u oficio”, acotó al diario Aracelia María Cepeda Valle, fiscal del Departamento de Procesos Penales.
De acuerdo con el director provincial de Educación, Andrei Armas Bravo, los sancionados identificado a un grupo de estudiantes a los que no les daba el promedio y que para vencer el grado debían alcanzar una alta nota.
“En un momento posterior a la prueba, los alumnos estaban citados para dos viviendas, donde, ayudados por el profesor, reescribieron las respuestas en hojas foliadas, firmadas y acuñadas. Después, la metodóloga sustituyó por esas las hojas originales. Exceptuando a uno de los alumnos, todos habían pagado por ello 15 pesos convertibles”, detalló.
Una viceministra del ramo, inspectores y metodólogos nacionales asumieron la conducción del caso de conjunto con oficiales del Ministerio del Interior (Minint). Finalizada la investigación, a los casi 40 estudiantes que habían incurrido en el fraude les fue anulado el año lectivo, con derecho a repetirlo.
Asimismo, en las direcciones municipales de Educación implicadas, al igual que en la provincial, fueron sancionados otros 17 funcionarios, técnicos o docentes, sobre la base del incumplimiento de responsabilidades o funciones de control específicas.
