Ciego de Ávila: operador del MININT acusado de sabotaje por vertir agua en grupo electrógeno
Este fallo de la infraestructura causó una desconexión de los sistemas de comunicaciones del MININT
Un operador del Ministerio del Interior (MININT) en Ciego de Ávila fue condenado el pasado mes de marzo a siete años de prisión por el delito de sabotaje, esto tras verter agua en el tanque de combustible de un grupo electrógeno que alimentaba el centro de comunicaciones de la delegación provincial de este organismo.
Los hechos tuvieron lugar el 29 de abril de 2024, cuando una auditoría detectó la falta de 30 litros de diésel en la unidad “Ciego 1”, lo que desencadenó una serie de eventos que terminaron afectando gravemente la infraestructura de comunicaciones del MININT.
El acusado, un hombre graduado de la universidad y habilitado como “Operador C”, intentó ocultar el faltante de combustible vertiendo agua en el tanque. En su declaración, el acusado explicó que la acción fue impulsiva, motivada por el miedo a ser responsabilizado.
A pesar de su intención de encubrir el daño, las consecuencias fueron más graves de lo esperado. El grupo electrógeno, que debía garantizar la continuidad de las comunicaciones, falló apenas 20 minutos después de ser activado, durante uno de los frecuentes apagones que afecta a Cuba.
Este fallo de la infraestructura causó una desconexión de los sistemas de comunicaciones del MININT, afectando a servicios clave como los de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), los sistemas de videoprotección en la provincia y las líneas telefónicas de emergencia. Asimismo, se interrumpió el flujo informativo tanto a nivel provincial como nacional.
El juicio se celebró en la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado en la provincia de Camagüey, bajo la causa número 4 de 2024. El tribunal determinó que el acusado actuó con dolo eventual, al ser consciente de que su acción podría provocar daños, aunque no fue su intención directa. A pesar de que su defensa destacó su historial laboral y social sin antecedentes, la sentencia fue firme, imponiéndole una condena de siete años de prisión.
La fiscalía argumentó que el sabotaje, un delito contra la seguridad del Estado, afecta tanto al orden institucional como a la estabilidad de las estructuras políticas. Este tipo de delitos son considerados de extrema gravedad, sobre todo en un contexto de crisis energética y descontento social. Las autoridades enfatizaron la necesidad de sancionar con severidad cualquier acto que amenace la integridad de las instituciones estatales.
Este caso se enmarca dentro de un contexto más amplio de represión judicial que el régimen cubano ha intensificado durante el 2025, en el marco de la campaña de “Prevención y Enfrentamiento al Delito”. En este sentido, se buscan imponer ejemplos de control social ante situaciones que puedan ser vistas como amenazas a la estabilidad política.
