Este 1 de julio de 2023 entrarán en vigor más de 200 proyectos de ley aprobados por la legislatura actual de Florida y firmados por el gobernador Ron DeSantis. Uno de ellos es la Ley HB 1718, que busca abordar la inmigración irregular de manera más estricta.
Esta legislación, respaldada por una amplia mayoría en el Congreso local (83 votos a favor y 36 en contra), tiene como objetivo reducir la presencia de personas indocumentadas en el estado de Florida.
Las disposiciones incluyen la implementación del sistema E-Verify, el cual servirá para verificar la elegibilidad laboral de los trabajadores. De igual manera, se impondrán sanciones a los empleadores que contraten a inmigrantes en situación irregular, y la gravedad de las penas estará determinada por el número de personas sin documentos que se haya empleado.
Como era de esperarse, el plan ha generado preocupación en sectores como el de la construcción, agricultura y hospitalidad, donde suelen trabajan cientos de inmigrantes mientras resuelven su situación legal.
Responsables de las empresas están seguros de que las medidas afectarán a la economía del estado.
Las nuevas leyes también establecen que los hospitales locales que acepten Medicaid deberán cerciorarse de que los pacientes que reciben son ciudadanos legales o indocumentados. Aunque el estatus migratorio irregular no afectará la atención médica que reciba una persona, ni obligará al personal de dicho hospital a informar a las autoridades migratorias.
Es necesario esperar los futuros resultados de la Ley HB 1718 para determinar qué tan efectiva es y qué impactos tiene en la comunidad.
La aplicación de la nueva ley ocurre en medio de un periodo en el que DeSantis busca el respaldo de los simpatizantes republicanos para postularse como candidato presidencial en las próximas elecciones.
En Texas, un funcionario presentó un plan similar en contra de la inmigración, el cual busca evitar que los bebés que nacen en EEUU de padres migrantes reciban la ciudadanía. De igual manera, busca mantener a los indocumentados bajo custodia hasta que sea hora de su audiencia ante un juez para determinar su elegibilidad para recibir asilo.
Es importante señalar que DeSantis busca cerrar la denominada “laguna legal de Flores”, la cual exige la liberación de las familias migrantes bajo custodia en un plazo de 20 días. Sin embargo, esta medida presenta desafíos legales, ya que cuenta con respaldo de un tribunal federal.
