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Desarticulan red de blanqueo de dinero en España con nexos en Cuba

La organización criminal movía millones de euros mensuales y ya había iniciado negociaciones con funcionarios castristas para invertir en la Isla

Una operación conjunta entre la Policía Nacional de España y EUROPOL permitió desmantelar una compleja red de blanqueo de capitales operada por la mafia rusa, con ramificaciones en varios países y vínculos con funcionarios cubanos.

Según las autoridades de España, la organización criminal movía millones de euros mensuales y había iniciado negociaciones para invertir en la Isla.

La investigación, que se prolongó por dos años, culminó con la detención de 14 personas y la incautación de más de un millón de euros en efectivo, dispositivos encriptados y documentos clave.

Entre los arrestados figuran los tres principales “cajeros” de la red, dos de origen ruso y uno armenio, además de un agente de la policía española que facilitaba la regularización de miembros del grupo en el país.

 

Inversiones en Cuba y el interés en recursos minerales

Uno de los hallazgos más llamativos de la operación fue la intención del grupo criminal de invertir en infraestructura energética en Cuba. La red negociaba con funcionarios del régimen cubano para instalar plantas fotovoltaicas en la Isla, con la intención de recibir a cambio grandes cantidades de minerales estratégicos como níquel y oro.

“Otro de los negocios en los que los investigados pretendían entrar era la instalación de células fotovoltaicas en Cuba con el objeto de dotar de energía a la isla, para lo cual llegaron a contactar con miembros de la administración cubana para la puesta en marcha de dicho negocio, a cambio de lo cual el gobierno cubano entregaría grandes cantidades de minerales, en concreto níquel y oro”, señala el comunicado del Ministerio del Interior español.

El diario El País informó que el plan estaba en una fase inicial y que los implicados incluso habían contratado a un abogado español, quien se jactaba de manejar asuntos de un político de renombre en España. No obstante, el letrado no se encuentra entre los detenidos.

Las investigaciones revelaron que la organización operaba con una estructura descentralizada y sofisticada, proporcionando servicios financieros ilícitos a diversas organizaciones criminales de Europa y América Latina.

Entre sus clientes figuraban la mafia armenia, cárteles albaneses y serbios, grupos de origen chino y ucraniano, la Mocro Maffia de los Países Bajos y narcotraficantes colombianos.

La red disponía de un sistema de “cajeros” en distintas ciudades de España, encargados de recibir y distribuir grandes sumas de dinero en efectivo. Algunas transacciones diarias alcanzaban los 300.000 euros, con comisiones del 2 % al 3 % sobre el capital lavado.

Para evitar ser detectados, los miembros del grupo aplicaban estrictas medidas de seguridad, como el uso de teléfonos encriptados que se bloqueaban en caso de arresto de uno de sus integrantes, frecuentes cambios de residencia y vehículos, así como la rotación de ciudades para dificultar su rastreo.

Además, poseían pisos de seguridad exclusivamente destinados a las operaciones de blanqueo.

La organización también enfrentó conflictos con la mafia armenia, que intentó robar más de medio millón de euros de uno de sus “cajeros”. Tras este incidente, se celebró una reunión en España entre líderes del crimen organizado ruso y armenio para evitar una escalada de violencia.

Golpe a la red criminal y detenciones

La operación, denominada “Strongbox”, se llevó a cabo con allanamientos en varias ciudades españolas, incluyendo Madrid, Málaga y Marbella, así como en Lisboa, Portugal. Durante los registros, se incautaron cuatro contadoras de billetes, documentación clave, un monedero de criptomonedas y varias propiedades de la organización en España.

El Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid ordenó la prisión provisional para los líderes de la trama, mientras que las autoridades continúan con la investigación y no descartan nuevas detenciones.

Este caso se enmarca dentro de la estrategia de la Unión Europea para combatir el crimen organizado y ha sido cofinanciado por el Fondo de Seguridad Interior (ISF) de la Comisión Europea.

Hasta el momento, el régimen cubano no ha emitido declaraciones sobre el caso, dejando abierta la interrogante sobre la profundidad de sus conexiones con esta red criminal y la posibilidad de que la isla se haya convertido en un refugio para el blanqueo de capitales.

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