EEUU suspenden Programa de Parole in Place para migrantes cónyuges
La medida se debe a una demanda judicial colectiva que 16 estados republicanos iniciaron en contra del programa
Un juez federal de Texas ordenó la suspensión temporal del Programa de Parole in Place (PIP), el cual entró en vigor el pasado 19 de agosto y prometía regularizar el estatus migratorios de migrantes cónyuges de ciudadanos estadounidenses.
También conocido como Keeping Families Together, el programa migratorio ofrecido por la administración de Joe Biden preveía ayudar aproximadamente a medio millón de migrantes indocumentados que llevan años casados con un ciudadano estadounidense, así como a los hijos de estos matrimonios.
La medida permitiría regularizar sus estatus migratorios sin tener que salir de EEUU, algo que, hasta ahora, era el principal problema para estas personas, pues el proceso puede durar años.
Debido a todo esto, 16 estados republicanos, entre ellos Texas, interpusieron una demanda judicial colectiva en contra del PIP.
Tras anunciarse esta acción legal, el juez federal de distrito J. Campbell Barker, con sede en Texas, ordenó paralizar el programa por al menos 14 días, todo mientras se utiliza ese tiempo para reunir y presentar argumentos ante el poder judicial en una audiencia que decidirá el futuro del programa de PIP.
Los territorios republicanos argumentan que el PIP promete beneficiar a medio millón de personas, lo que implica un gasto significativo para los gobiernos estatales, especialmente en servicios de salud, educación y seguridad.
Estos argumentos financieros abrían hecho que el juez Barker ordenara bloquear temporalmente el programa. Con esto, todos los expedientes que recibieron un formulario I-131 del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) quedarán a la espera.
El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS) definió como requisito para este programa que los migrantes debían contar con una presencia física continua en el país de al menos 10 años, esto desde el 17 de junio de 2014.
De igual manera, se debe tener matrimonio legalmente válido con un ciudadano estadounidense, y no contar con antecedentes penales. Los beneficiarios tampoco pueden ser considerados una amenaza para la seguridad pública, y es necesario presentar datos biométricos y someterse a verificaciones de seguridad nacional.
