Exintendenta de Las Tunas condenada a siete años de cárcel por malversación
Fue acusada de beneficiarse ilícitamente al apropiarse de productos que debían ser distribuidos a la población a través de tiendas estatales
La exintendenta del municipio de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, Maricela Alonso Ojeda, fue condenada a siete años de prisión por el delito de malversación, esto luego de haber sido encontrada culpable de apropiarse de bienes estatales destinados a la venta a la población.
Alonso, quien abusó de su posición administrativa para desviar productos a su beneficio personal, fue sentenciada junto a Mario Quirino Infante Sosa, quien recibió una pena de seis años de privación de libertad por su participación en el delito.
El tribunal provincial de Las Tunas, en su fallo, detalló que Alonso y su cómplice, Infante, se beneficiaron ilícitamente al apropiarse de productos que debían ser distribuidos a la población a través de tiendas estatales.
Ambos fueron procesados bajo la causa penal número 225 de 2024, que incluyó delitos de corrupción administrativa, tráfico de influencias y cohecho, aunque finalmente se les condenó por malversación.
Detalles del juicio y la sentencia
El tribunal precisó que Alonso actuó como autora directa del delito, debido a su control sobre los bienes destinados a la venta al público. Infante, por su parte, fue considerado partícipe al facilitar el desvío de productos mediante su distribución y venta ilegal.
Además de las penas privativas de libertad, el tribunal impuso sanciones accesorias, como la prohibición de ejercer cargos relacionados con la administración de recursos materiales y financieros, así como la inhabilitación política de ambos acusados.
Los dos condenados también enfrentan la pérdida de sus derechos políticos, lo que les impide ejercer el sufragio activo y pasivo, y se les prohibió salir del país o obtener pasaporte hasta que se cumpla la totalidad de su condena.
Corrupción en Cuba
Este caso forma parte de un patrón recurrente de corrupción en varios niveles del aparato estatal cubano. Según medios independientes, la corrupción continúa afectando diversas áreas, desde la administración pública hasta sectores como el comercio y la distribución de recursos.
En el municipio de Puerto Padre, además de Alonso e Infante, otras figuras políticas como la primera secretaria del Partido Comunista en el municipio, Yanisleidys Fernández López, y la secretaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Juana Álvarez Fernández, también han sido señaladas por su participación en el desvío de recursos estatales.
Las investigaciones siguen abiertas y se mencionan más de cinco casos adicionales de corrupción relacionados con dirigentes locales, lo que ha generado un creciente descontento social.
