Florida: Ley busca obligar a empresas a verificar estatus migratorio de trabajadores

Un proyecto de ley en Florida busca obligar a las empresas a verificar que sus empleados no sean indocumentados. La medida, una promesa de campaña del gobernador Ron DeSantis —seguidor de las políticas migratorias de Donald Trump—, podría desencadenar la pérdida de más de 250 mil puestos laborales, informó Efe.

De acuerdo con reportes de la agencia de noticias,  el objetivo de dicha propuesta es hacer valer el programa federal migratorio E-Verify entre empresas vinculadas al Gobierno estatal, pero también las privadas.

Sin embargo, la normativa ha encontrado una fuerte oposición, sobre todo en los sectores de la agricultura, el turismo y la construcción, quienes además verían un déficit de hasta 10.660 millones de dólares en ganancias y 1.250 millones en ingresos fiscales estatales y locales. 

Según un reciente informe, divulgado por el grupo proinmigrante FWD.us y titulado “Evaluación del impacto de la adopción obligatoria de verificación electrónica para Florida”, los “trabajadores indocumentados ya son contribuyentes importantes a la economía de Florida”. El documento también precisa que de los 700 mil extranjeros sin papeles que residen en el estado, unos 440 mil están laborando o buscando vacantes disponibles.

“Estos trabajadores aportan hasta 36.500 millones de dólares anuales en ganancias que permanecen en el estado de Florida”, manifestó la entidad.

A la par, los analistas destacaron que, si se contabiliza los efectos de la presencia en el mercado laboral, es posible ver cómo los indocumentados hacen parte de los 868.444 empleos totales en Florida y los 3.900 millones anuales en ingresos fiscales locales y estatales.

Todo parece indicar que, la pérdida de puestos sería de 253.500 si los empleadores se ven obligados a verificar el estatus migratorio de sus trabajadores. Las empresas de alojamiento y servicio de alimentos —por ejemplo— serán afectadas con la pérdida de más de 79 mil puestos, seguidos de construcción (54 mil) y agricultura, comercio minorista y atención médica (10 mil).

La adopción de E-Verify “transfiere parte de la carga del costo y la responsabilidad de la aplicación de la ley de inmigración a las empresas de Florida”, precisa.

Mientras tanto, otros grupos proinmigrantes —como la Red Nacional de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés)— señalaron que E-Verify es un abuso del Gobierno, “poco confiable y oneroso en la vida cotidiana de trabajadores y empleadores por igual”. 

“Dañará enormemente a la población inmigrante de Florida, al tiempo que sofocará una economía vibrante y dependiente de inmigrantes”, manifestó en Twitter Cal Soto, directivo de NDLON.