Florida: policías podrán reportar a superiores si no cumplen leyes migratorias
La medida busca reforzar la aplicación de normativas migratorias endurecidas bajo la administración de Donald J. Trump
Las fuerzas del orden en Florida ahora tendrán la facultad de denunciar a sus superiores si consideran que no están cumpliendo con las leyes estatales de inmigración.
La información fue confirmada a través de un memorando emitido por Larry Keefe, exfiscal federal y director de la Junta Estatal de Control de Inmigración. La medida busca reforzar la aplicación de normativas migratorias endurecidas bajo la administración de Donald J. Trump.
El documento, divulgado esta semana, instruye a los agentes a reportar cualquier incumplimiento a través del Panel de Control de Rendición de Cuentas de las Fuerzas del Orden (LEAD, por sus siglas en inglés), un sistema creado para recibir denuncias sobre fallos en la aplicación de las políticas migratorias. La agencia de noticias EFE confirmó que el mecanismo estará disponible a través de un portal web.
Keefe enfatizó que cualquier funcionario que no haga su mejor esfuerzo por apoyar la aplicación de la ley federal de inmigración estaría violando la normativa del estado. Según el funcionario, el sistema de denuncias ofrecerá “un canal directo” para que oficiales y empleados puedan alertar sobre posibles fallos en la implementación de las políticas de inmigración en sus agencias.
El anuncio ha generado reacciones encontradas en la comunidad policial. Mientras algunos oficiales consideran que la medida fortalecerá la transparencia y el cumplimiento de la ley, otros advierten sobre el riesgo de abusos y represalias internas contra quienes no sigan al pie de la letra las directrices estatales.
Organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación por el impacto de la iniciativa en la confianza pública hacia las fuerzas del orden. Grupos defensores de inmigrantes argumentan que la medida podría fomentar un ambiente de acusaciones y persecución dentro de los cuerpos policiales, afectando la seguridad de comunidades vulnerables.
Por su parte, el gobierno estatal defiende la iniciativa como un paso necesario para reforzar la seguridad y garantizar el cumplimiento de las leyes de inmigración.
Florida es uno de los estados con mayor población inmigrante e indocumentada, lo que ha convertido la política migratoria en un tema clave en la agenda de las autoridades locales.
Muchos residentes del estado han manifestado su preocupación por el creciente uso de la policía en la aplicación de leyes migratorias. Empresarios locales denuncian pérdidas económicas debido a la ausencia de trabajadores, mientras que familias inmigrantes viven en constante temor ante la posibilidad de redadas y arrestos.
La amenaza de deportaciones masivas, impulsada por la administración de Trump, ha generado un clima de pánico en varias comunidades. Algunos inmigrantes han optado por no salir de sus hogares o incluso faltar a citas médicas por miedo a ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Expertos legales advierten que la nueva medida podría intensificar las tensiones entre agentes policiales y sus superiores, además de agravar la relación entre la comunidad inmigrante y las autoridades locales.
Mientras tanto, grupos proinmigrantes han instado a los residentes a informarse sobre sus derechos y a buscar apoyo legal en caso de ser víctimas de detenciones arbitrarias.