Gaceta Oficial obliga a Mipymes a generar su electricidad o enfrentar sanciones
Entre las sanciones que impondrá en régimen castrista están incluidas multas y la desconexión de la red eléctrica nacional
El régimen castrista ha implementado nuevas exigencias energéticas para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) privadas a través del Decreto 110/2024, publicado recientemente en la Gaceta Oficial.
La nueva normativa obliga al sector privado a generar parte de su propia energía o enfrentar severas sanciones, incluidas multas y la desconexión de la red eléctrica nacional.
La disposición afecta a “los actores económicos estatales y no estatales, modalidades de inversión extranjera, oficinas de representación y sucursales de entidades extranjeras, así como formas asociativas”.
Se establece que los altos consumidores, definidos como aquellos con un consumo mensual promedio igual o superior a 30 megavatios hora (MWh), dispondrán de un plazo de tres años para instalar sistemas de energía renovable que les permitan autogenerar al menos el 50% de dicho consumo durante los horarios pico diurnos.
En caso de que las empresas no puedan cumplir este requisito por razones estructurales, deberán contratar generación en parques solares fotovoltaicos administrados por la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), lo que implica financiar inversiones estatales.
Las sanciones para quienes incumplan esto incluyen multas de hasta 15.000 pesos cubanos (CUP) y cortes eléctricos de hasta 72 horas. Además, se penalizará a las empresas que no respeten sus planes de consumo asignados en horarios pico o que no implementen sistemas de autocontrol energético.
Este decreto también impone tarifas más altas para los grandes consumidores, calculadas en función del costo de generación con diésel, considerablemente más elevado que las tarifas convencionales.
Asimismo, todas las empresas privadas, sin importar su nivel de consumo, estarán obligadas a implementar sistemas de gestión energética según la norma internacional NC ISO 50001. Estas empresas también deberán desarrollar planes quinquenales de sostenibilidad energética, revisados anualmente, y documentar su desempeño técnico y económico en este ámbito.
En situación de crisis energética, las disposiciones contemplan ajustes en los horarios operativos de las empresas y la desconexión de equipos no esenciales. También se prohíbe el uso de sistemas de climatización a temperaturas inferiores a 24 grados Celsius en locales no tecnológicos.
Para supervisar el cumplimiento, el Gobierno ha anunciado la creación de “consejos energéticos” a nivel nacional, provincial y municipal, integrados por representantes de organizaciones políticas y sociales.
Aunque las medidas buscan paliar la grave crisis energética del país, representan una carga adicional para el sector privado, el cual ya enfrenta serias dificultades de acceso a recursos y financiación. Las nuevas disposiciones también refuerzan la dependencia del sector privado hacia el Estado, esto al obligarlo a financiar proyectos energéticos estatales.
