Gobierno de Trump demandado por negar acceso legal a migrantes en Guantánamo
La demanda argumenta que los detenidos están en condiciones de aislamiento absoluto, sin posibilidad de hablar con abogados o familiares
Varias organizaciones de derechos civiles presentaron una demanda contra el gobierno de Donald Trump este miércoles, denunciando la restricción del acceso a asesoría legal para inmigrantes enviados a la base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba.
La demanda, liderada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), se interpuso contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los funcionarios demandados incluyen a Kristi Noem, Pete Hegseth, Marco Rubio y Caleb Vitello, quienes encabezan dichas agencias gubernamentales.
“Es inaudito e ilegal que el presidente expulse a personas de EEUU y les impida acceder a un abogado”, publicó la ACLU en redes sociales. “Presidente Trump, nos veremos en los tribunales”, agregó la organización.
Denuncian aislamiento e incomunicación de los detenidos
Según el medio Univisión, la querella, presentada ante un tribunal federal en Washington D. C., sostiene que la administración de Trump mantiene a los inmigrantes detenidos en Guantánamo en condiciones de aislamiento absoluto, sin posibilidad de comunicarse con abogados, familiares o el mundo exterior.
Según la demanda, en décadas anteriores la base naval había sido utilizada principalmente para la detención de individuos sospechosos de estar vinculados con los atentados del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, en el último mes, más de 50 inmigrantes fueron trasladados allí, de acuerdo con el documento legal.
“Este aislamiento no es una coincidencia. Guantánamo alberga una de las prisiones más notorias del mundo, utilizada cuando el gobierno estadounidense ha intentado operar en secreto, sin restricciones legales ni rendición de cuentas”, argumenta la demanda.
Familiares de migrantes se suman a la demanda
Entre los demandantes figuran familiares de tres inmigrantes venezolanos que fueron trasladados desde centros de detención en Texas hacia la base naval en Cuba. Además, cuatro organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes se unieron a la querella: Americas Immigrant Advocacy Center, Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services, American Gateways y Americans for Immigrant Justice.
El recurso legal acusa al gobierno de Trump de vulnerar derechos constitucionales básicos, incluyendo el debido proceso y la libertad de expresión de los detenidos.
Los abogados de los demandantes buscan una orden judicial que les permita reunirse con los migrantes y que obligue a las autoridades a proporcionar información sobre la ubicación de cualquier detenido en un plazo de 24 horas tras su traslado a Guantánamo.
Guantánamo como centro de detención
El presidente Trump firmó a finales de enero una orden ejecutiva que instruye a los Departamentos de Defensa y Seguridad Nacional a acondicionar las instalaciones en Guantánamo para recibir a inmigrantes, argumentando que la base tiene capacidad para albergar hasta 30.000 personas.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien estuvo destinado en Guantánamo durante su servicio activo, ha descrito la base como un “lugar perfecto” para la detención de inmigrantes.
El 4 de febrero aterrizó en Guantánamo el primer vuelo militar estadounidense transportando migrantes, según una fuente gubernamental. Se prevé que el número de detenidos en la base naval aumente significativamente en los próximos meses. Actualmente, alrededor de 300 militares brindan apoyo a las operaciones de detención en la base, una cifra que podría variar según las necesidades operativas.
Trump ha reiterado su compromiso de deportar a millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, una población que según estimaciones asciende a 11,7 millones de personas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el 5 de febrero que más de 8.000 personas han sido detenidas desde la investidura de Trump el pasado 20 de enero en operativos migratorios.