Grupos religiosos demandan a gobierno de Trump por redadas de ICE en iglesias
La demanda argumenta que las acciones de ICE han provocado temor entre los feligreses y han reducido la asistencia a los servicios religiosos
Más de 20 organizaciones religiosas en Estados Unidos han presentado una demanda contra el gobierno de Donald Trump por los arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en templos y otros espacios de culto.
La querella, presentada ante un tribunal federal en Washington, denuncia que las redadas en iglesias han provocado temor entre los feligreses y han reducido la asistencia a los servicios religiosos.
De acuerdo con los demandantes, esta política afecta el derecho fundamental a la libertad religiosa, ya que dificulta la labor de las comunidades de fe para asistir a migrantes, independientemente de su estatus migratorio.
El obispo Sean Rowe, líder de la Iglesia Episcopal, subrayó que su congregación está conformada por personas con distintos estatus migratorios, incluidos refugiados e indocumentados.
“No podemos rezar libremente si algunos de nosotros vivimos con miedo. Al unirnos a esta demanda, buscamos la capacidad de reunirnos y practicar plenamente nuestra fe, seguir el mandamiento de Jesús de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos”, expresó Rowe en declaraciones a la agencia AP.
La demanda apunta directamente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a sus agencias encargadas de la política migratoria.
Entre los denunciantes se encuentran importantes organizaciones religiosas, como la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), la Convención Bautista Hispana de Texas, la Conferencia General de Amigos (cuáqueros), la Sinagoga Unida del Judaísmo Conservador y varias ramas regionales de la Iglesia Metodista Unida. En conjunto, estas instituciones representan a millones de fieles en el país.
Kelsi Corkran, abogada del Centro de Derecho para la Defensa Constitucional y la Protección de la Universidad de Georgetown, considera que la magnitud del reclamo legal hace que sea difícil ignorarlo.
La jurista recordó que, tradicionalmente, los agentes migratorios requerían órdenes judiciales u otras autorizaciones especiales para operar en lugares como iglesias, hospitales o escuelas. Sin embargo, las nuevas disposiciones les han otorgado facultades más amplias.
“Ahora pueden ir a cualquier lugar, en cualquier momento. Ahora tienen amplia autoridad para intervenir rápidamente”, explicó Corkran.
Pese al respaldo que ha recibido la demanda por parte de diversas comunidades religiosas, algunos sectores conservadores consideran que la política de arrestos en lugares de culto es legítima. Mat Staver, fundador de Liberty Counsel, un grupo legal cristiano de tendencia conservadora, sostiene que los templos no deben convertirse en refugios para quienes infringen la ley.
“Los fugitivos o criminales no son inmunes a la ley simplemente porque entran en un lugar de culto. Esto no es una cuestión de libertad religiosa. No hay derecho a violar abiertamente la ley y desobedecer a las fuerzas del orden”, declaró Staver.
Por su parte, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, defendió la decisión del gobierno de eliminar las restricciones impuestas por la administración anterior sobre las operaciones en zonas consideradas “sensibles”.
“Los criminales ya no podrán esconderse en lugares como escuelas e iglesias”, afirmó Huffman, justificando la expansión de las competencias de ICE en la persecución de migrantes con antecedentes penales.
El debate sobre el alcance de la política migratoria sigue en curso, mientras las comunidades religiosas buscan protección legal para garantizar que sus espacios sigan siendo lugares de acogida y asistencia espiritual sin temor a represalias gubernamentales.
