Guantánamo: hombre condenado a 20 años por violentos asaltos a motoristas
Las autoridades determinaron que los crímenes cometidos por el acusado reflejaban una alta peligrosidad y una total indiferencia por la vida humana
El Tribunal Provincial de Guantánamo dictó el pasado lunes 24 de marzo una sentencia de 20 años de privación de libertad contra un hombre acusado de cometer dos violentos asaltos a motoristas en la ciudad en un corto periodo de dos días.
El juicio, celebrado durante una vista oral, evidenció la peligrosidad y la violencia del acusado, que actuó con total impunidad.
Según se detalló en el proceso judicial, el primero de los asaltos ocurrió cuando el acusado abordó a un conductor de motocicleta y le solicitó un traslado hacia la zona sur de la ciudad.
Al llegar a su destino, el hombre sacó un cuchillo y lo puso en el cuello de la víctima, un hombre de 65 años, exigiéndole sus pertenencias. A pesar de que el motorista intentó defenderse, el agresor logró sustraerle una fletera, documentos, dinero y su teléfono móvil. Durante el forcejeo, el anciano sufrió un corte en su dedo anular.
Al día siguiente, el mismo hombre repitió su modus operandi, esta vez atacando a un conductor de un triciclo eléctrico.
La víctima, un hombre de 71 años, fue amenazada con un cuchillo mientras se encontraba en el trayecto hacia una granja avícola del Ministerio del Interior. El agresor, en un acto aún más violento, empujó al conductor hacia una zona de maleza, donde lo despojó de sus pertenencias, y le asestó una herida en el cuello, golpeando repetidamente la zona lesionada.
La violencia de este segundo ataque fue extrema, y la víctima, herida gravemente, logró llegar a la granja avícola, donde fue socorrido por los trabajadores. El hombre fue rápidamente trasladado a un centro médico, donde se le practicó una intervención quirúrgica de emergencia para salvarle la vida.
El Tribunal Provincial de Guantánamo, al analizar las pruebas presentadas durante el juicio, determinó que los crímenes cometidos por el acusado reflejaban una alta peligrosidad y una total indiferencia por la vida humana. Por ello, se impuso una pena única de 20 años de prisión, considerando los hechos como una amenaza significativa para la seguridad pública en la región.
