Por suspender de manera “arbitraria” las deportaciones de inmigrantes, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda judicial contra la administración del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
La acción legal del republicano que dirige Texas, indicó que esta medida debió ser consultada previamente con su Estado. “La acción [del gobierno] viola la constitución, las leyes migratorias federales y el convenio contractual entre Texas y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés)”, señala la demanda ante el Tribunal de Distrito del Sur de Texas.
Paxton exige la anulación de la moratoria impuesta a las deportaciones. Sin embargo, el fiscal general ya tildó la acción de DHS como una medida “caprichosa” y “mal intencionada” al “no considerar ni analizar los costos que esa acción generará” para el estado de Texas, el que más millas de frontera tiene con México.
En un comunicado, el fiscal de Texas da a conocer la primera demanda de republicanos contra la decisión de Biden. Paxton indica que la administración Biden ordenó al DHS que “violara la ley federal de inmigración y violara un acuerdo para consultar y cooperar con Texas sobre esa ley”.
Según el fiscal general del estado fronterizo, la medida del nuevo mandatario, se constituye en “ilegal y peligrosa” decisión del gobierno federal y, será revertida por el juez y así prevalecerá el “estado de derecho y la seguridad de nuestros ciudadanos”.
“Nuestro convenio obliga a DHS a consultarnos ante cualquier intento de reducir o poner cualquier intervalo al número de inmigrantes aptos para su deportación del territorio estadounidense”, remarcó Paxton en otra carta que dirigió a David Pekoske, secretario interino del DHS.
La anulación que exige el fiscal de Texas, tiene que ver con la pausa a las deportaciones que entró en vigor este viernes 22 de enero, así como de una respuesta inmediata a sus peticiones sobre la violación del acuerdo entre ambas instituciones.
Paxton defendió este sábado su posición en un programa matutino de la cadena Fox, al señalar que la orden ejecutiva del presidente Joe Biden es ilegal, porque le corresponde al poder legislativo y no al ejecutivo tomar ese tipo de decisiones.
“Esa decisión unilateral afecta a los poblados que se encuentran en la frontera con México que además están pasando por una emergencia de salud debido a la pandemia por el coronavirus”, señaló Paxton.
Lo cierto es que esta pausa por 100 días de las deportaciones es una de las varias medidas migratorias aprobada por Biden dentro del paquete de órdenes ejecutivas que ha firmado tras instalarse en la Casa Blanca.
Rolando Sánchez, fundador de la organización Latino Conservadores de Texas, que busca aumentar la participación política de los latinos conservadores en el ese estado, cree que la acción tomada por Paxton obedece a una movida política “típica del partido opositor” al gobierno de turno.
“Lo que pasa es también que cualquier cambio en los procedimientos migratorios” le afecta a los estados fronterizos como Texas, Arizona, California y Nuevo México, insistió la autoridad texana.
