Este jueves 25 de mayo, el Parlamento Cubano aprobó de manera unánime la denominada Ley de Comunicación Social, la cual generó polémica desde su propuesta debido a que incrementaba el control que el régimen castrista tiene sobre la prensa de la Isla.
La polémica ley fue criticada por organizaciones internacionales, pues no reconoce a la prensa independiente como una figura jurídica.
La normativa fue aprobada por los legisladores de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), incluido el expresidente Raúl Castro, sin que se realizaran modificaciones al documento.
Al respecto, el designado presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, indicó que la ley era el primer paso para un mayor control sobre el sistema de comunicación de la Isla, reconociendo la normativa como una herramienta regulatoria.
A debate del Parlamento #AHORA el proyecto de Ley de Comunicación Social.
Esta normativa tiene importancia estratégica para Cuba, y de acuerdo con los expertos “es defensiva en términos de seguridad nacional”. pic.twitter.com/aG8M6ItbER
— Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) May 25, 2023
La nueva ley es la primera legislación mediática en el país, y, entre otras cosas, prohíbe que se divulgue información que pueda “desestabilizar el Estado socialista”. La nueva censura se llevará a cabo tanto en los medios de prensa como en el Internet.
De igual manera, solo permitirá la existencia de medios de prensa vinculados al Estado o al Partido Comunista de Cuba (PCC).
La ley señala que pueden existir algunos medios pertenecientes “a organizaciones políticas, de masas y sociales, formas asociativas u otros actores económicos y sociales”, pero expertos fuera de la Isla sostienen que esto no será suficiente para garantizar una diversidad de voces, pues la mayoría de estas organizaciones están bajo el poder del PCC.
De tal manera, la nueva normativa pone en riesgo a todos los medios independientes que se esfuerzan por reportar hechos que la prensa oficialista se niega a reconocer.
Y es que, para el régimen, fue necesario implementar esta nueva ley debido a la llamada “fuera mediática” que presuntamente se libra contra la Isla desde el exterior, el cual, al parecer, tiene como objetivo principal el visibilizar las carencias que el pueblo soporta a causa de la crisis económica.
Críticos de esta ley sostienen que es solo una herramienta más con la que el régimen planea mantener un control sobre la información que sale de la Isla, y que su objetivo es censurar a la prensa independiente y evitar la difusión de contenido que pinte al Gobierno cubano en una luz negativa.
También señalan que la ley no reconoce la personalidad jurídica de los medios independientes digitales, mismos que surgieron en años recientes debido a la inexistencia de una prensa objetiva que reporte la verdadera situación en la Isla.
Con esto, la Ley de Comunicación Social se suma a todas las medidas que el régimen cubano ha implementado recientemente para incrementar el control que tienen sobre la población, como el nuevo Código Penal, mismo que sanciona severamente la financiación externa a los medios independientes.
