Más jueces federales bloquean decreto de Trump que elimina ciudadanía por nacimiento
La jueza, ubicada en Maryland, determinó que la orden ejecutiva contradice un siglo de precedentes judiciales y choca con la Constitución
Una segunda jueza federal falló este miércoles 5 de febrero en contra del decreto emitido por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, que buscaba revocar la ciudadanía por derecho de nacimiento.
La demanda fue presentada en el estado de Maryland por un grupo de cinco mujeres embarazadas y dos organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. En su alegato, los demandantes sostuvieron que el decreto violaba la 14ª Enmienda de la Constitución, la cual garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense.
La jueza federal Deborah Boardman, encargada del caso, determinó que la orden ejecutiva contradice un siglo de precedentes judiciales y choca con el texto constitucional.
“Ningún tribunal del país ha respaldado la interpretación del presidente”, señaló en su fallo. “Este tribunal no será el primero”, agregó.
Boardman, quien fue nombrada por el expresidente Joe Biden, también ordenó que la suspensión del decreto tenga un alcance nacional, garantizando un “alivio completo” a los potencialmente afectados.
En su resolución, enfatizó que el Gobierno federal no sufrirá perjuicio alguno al verse impedido de aplicar una norma que, según su consideración, podría ser declarada inconstitucional de manera definitiva.
Fundamentos legales y posibles repercusiones
El decreto, firmado el 20 de enero por Trump tras su regreso a la Casa Blanca, fue impugnado rápidamente en tribunales. Su aplicación ya había sido detenida temporalmente por otro juez, pero el fallo de Boardman refuerza la oposición legal a la medida.
La jueza resaltó el “daño irreparable” que la orden de Trump podría ocasionar.
“A los niños sujetos al decreto se les negarán los derechos y beneficios de los ciudadanos estadounidenses, y sus padres enfrentarán inestabilidad e incertidumbre sobre el estatus de ciudadanía de sus bebés no nacidos”, advirtió.
Joseph Mead, abogado de los demandantes, subrayó que durante más de un siglo la 14ª Enmienda ha sido interpretada como una garantía de ciudadanía para todos los nacidos en suelo estadounidense.
“Los padres a los que se refiere el decreto han vivido en EE.UU. durante décadas (…) No son visitantes temporales; han hecho de este país su hogar y tienen derecho a que sus hijos sean reconocidos como ciudadanos”, explicó Mead.
Por su parte, el abogado del Gobierno de Trump, Eric Hamilton, argumentó que los redactores de la 14ª Enmienda no previeron la posibilidad de que su interpretación pudiera ser utilizada por inmigrantes en situación irregular o con estatus temporal para obtener la ciudadanía de sus hijos. Asimismo, señaló que el bloqueo judicial era prematuro, pues el decreto aún no había sido implementado.
Sin embargo, Boardman rechazó esa argumentación. “¿Por qué necesitamos más de lo que está en el decreto para entender la política?”, cuestionó.
El fallo de Boardman representa un revés significativo para la política migratoria de la administración Trump. Organizaciones de derechos de los inmigrantes celebraron la decisión. Swapna Reddy, codirectora ejecutiva del Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP), destacó que la medida brinda tranquilidad a muchas familias que temían las consecuencias del decreto.
La orden ejecutiva, titulada “Proteger el Significado y el Valor de la Ciudadanía Estadounidense”, establecía que el Gobierno federal no emitiría documentos que reconocieran la ciudadanía a niños nacidos en EEUU de padres en situación migratoria irregular o con estatus legal temporal. Su entrada en vigor estaba prevista para 30 días después de su firma.
Con varios litigios pendientes en diferentes estados, analistas legales anticipan que el caso podría terminar en la Corte Suprema, donde se definirá el futuro de la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos.
