Multas de más de 8000 pesos por violar precios topados en Cuba

El régimen cubano intenta lidiar con la crisis económica y la aguda inflación utilizando nuevamente el tope de precios en los productos comestibles básicos, en especial en los de alta demanda.

Luego de que este lunes entrara en vigor la Resolución 225/2024 del Ministerio de Finanzas y Precios que fijó los precios minoristas de venta a seis productos básicos de alta demanda, este miércoles 10 de julio el gobierno anunció que habrá severas penalizaciones para quienes incumplan la norma.

La medida limitó el máximo de precio permitido para la venta al pollo troceado, los aceites comestibles (excepto el de oliva), la leche en polvo, las pastas, las salchichas y el detergente en polvo, para cuyo control se desplegó un operativo de control en todo el país con el que se pretende detectar violaciones de precios y sancionar a los infractores.

El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, indicó en la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana que apenas en los dos días que lleva vigente la medida se realizaron 1,079 “acciones de control”, en las que se impusieron multas o advertencias a los responsables de 393 violaciones de precios.

En ese sentido, Regueiro destacó lo cuantioso de las multas, pues se adoptaron medidas en todos los casos y llegaron a imponer multas de incluso 8,000 pesos cubanos (CUP).

Pese a que el mensaje fue también en calidad de advertencia ante potenciales futuras faltas, el funcionario aseguró que en algunos casos las sanciones fueron “a modo de apercibimiento, de acuerdo con la gravedad de las infracciones”.

Asimismo, Regueiro admitió que en la mayoría de las contravenciones se aplicaron las multas que están establecidas por el Decreto-Ley 30 de 2021.

Los montos de las sanciones podrían incluso ser superiores a los 8,000 pesos, pues, a juicio del ministro cubano, esa suma podría resultar “baja”, es decir, asequible, para algunos propietarios de negocios privados.

“Sabemos que hay un movimiento, una escala de ingresos en este sector que para algunos casos pudiera resultar, incluso, baja esta multa que estamos aplicando”, alegó.

Lo cierto es que el funcionario del régimen apeló a la normativa, en vigor desde hace tres años, para justificar las medidas punitivas, que a la vez han sido señaladas como ineficientes en varias ocasiones, pues los cuentapropistas defienden que no obtienen una ganancia al respetar las normas.

“Todo esto es con base legal, lo que se ha estudiado, se ha capacitado (…) en La Habana hay mayor dinamismo de todas las formas de gestión no estatal y de la comercialización de estos productos”, señaló.

En total se realizaron 183 acciones de fiscalización, seis de ellas a partir de denuncias hechas por los ciudadanos, además de que se detectó un 75% de violaciones.

También indicó que en la capital fue cerrado un establecimiento, al que se le retiró de forma temporal la autorización para comercializar productos, hasta que regularice su situación de controles contables y de las condiciones de almacenamiento.

Por último, los inspectores obligaron a realizar 12 “ventas forzosas”, es decir, que se vendieran los productos a los precios establecidos.

Esta medida surgió como un intento del gobierno por frenar la inflación y la crisis económica, pero sigue sin destinar mayores recursos para ello y deja la responsabilidad en los ciudadanos y los pocos particulares.