Nueva Ley de Migración afectaría a 1,3 millones de cubanos en el extranjero

El Ministerio del Interior (Minint) de Cuba estimó que la nueva Ley de Migración presentada recientemente por el régimen castrista, la cual debe ser aprobada en el Parlamento en próximo mes de julio, afectará a unos 1,3 millones de cubanos que residen en el extranjero.

La nueva medida fue publicada como proyecto de ley el pasado 18 de junio, y establece la nueva categoría de “residencia efectiva migratoria”, eliminando el límite de dos años en el extranjero para que un cubano pierda su residencia.

Durante una conferencia de prensa, el jefe de Identificación, Inmigración y Extranjería del Minint, Mario Méndez, recordó que la norma establece prohibiciones de entrada y salida del país a cualquiera de interés público. Esto puede ser por razones “de seguridad y defensa nacional” que no han sido especificadas claramente por las autoridades.

El funcionario señala que en la nueva normativa “no hay limitación de derechos”, y que no tendrá carácter retroactivo, por lo que solo afectará a aquellas personas que emigren a partir de que entre en vigor.

Pese a las declaraciones de Méndez, activistas y analistas consideran que, de aprobarse, la nueva normativa representaría un exceso de poder para las autoridades migratorias y violaciones a los derechos humanos de los cubanos en el exterior.

Giselle Morfi, abogada de Cubalex, indicó al medio independiente CubaNet que la propuesta le daría “atribuciones superamplias” a la Dirección de Identificación de Migración y Extranjería, como la de dictar, dirigir y controlar las medidas de inadmisibilidad y salida del territorio nacional.

“Para mí, esto debería estar en manos de un tribunal especializado, o sea, competente, imparcial, autónomo, independiente, y no de un órgano del Ministerio del Interior, que es una de las fuerzas armadas del Estado cubano y que, además, no tiene competencia para tomar decisiones de este tipo”, dijo la jurista consultada.

La jurista indica además que, de tener total control sobre quién sale y entra a la Isla, las autoridades estarían tomando decisiones que restringen libertades y derechos fundamentales reconocidos en los estándares internacionales y en la Constitución.

“Se deben tener en cuenta una serie de garantías jurídicas que este organismo, por supuesto, no tiene en cuenta”, explicó.

La experta considera que la redacción del documento es “demasiado amplia” a propósito, y otorga a las autoridades “facultades que les permiten tomar decisiones arbitrarias, caer en corrupciones y otros delitos por la amplitud de la norma”.

“No hay certeza jurídica de hasta dónde pueden llegar y, por lo tanto, la ciudadanía queda, en parte, desprotegida, a la hora de poder defenderse”, agregó.

La abogada considera que el fin que se percibe con las restricciones no es legítimo y tampoco va a responder a una necesidad pública apremiante. Por último, señala que el proyecto no establece ningún procedimiento para poder “reclamar” las decisiones cuando sean consideradas arbitrarias, esto pese a que uno de los principios que regula el proyecto es el de la “no discriminación”.