Régimen comparte versión “oficial” de la trifulca ocurrida en la Finca de los Monos

Una semana después de que ocurriera, la prensa estatal compartió finalmente una versión “oficial” de lo ocurrido el pasado 8 de junio en la Finca de los Monos, en La Habana, donde decenas de jóvenes generaron una violenta trifulca durante un evento de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).

Según la nueva versión oficialista, fueron ocho los lesionados, esto luego de que las autoridades afirmaran insistentemente que solo habían sido dos los heridos.

De igual manera, el régimen afirmó que una investigación por parte del Ministerio del Interior (Minint) terminó con la detención de varios implicados en las peleas de jóvenes. Estos habrían formado parte de los grupos que aparecían en las grabaciones compartidas en línea, las cuales mostraban hasta a menores de edad armados con machetes y otras armas improvisadas.

La vicefiscal jefa provincial en La Habana, Yaimara Angulo González, indicó en el noticiero de la televisión cubana que había “varios jóvenes detenidos”, con edades de entre los 16 y los 20 años, los cuales estaban siendo acusados de tener responsabilidad en los hechos ocurridos ese fin de semana.

Sin dar un número exacto, la funcionaria dijo que entre los investigados hay varios menores de edad, y añadió que, de momento, se está considerando como probado el delito de “desórdenes públicos”, aunque no descartó la posibilidad de que surjan más cargos durante los procesos legales.

Las autoridades también dejaron en claro que consideran que los organizadores y las instituciones que avalaron la realización del evento tienen responsabilidad en el asunto, aprovechando para insistir en que dicha organización tuvo un carácter ilegal.

Al respecto, el periodista estatal Lázaro Manuel Alonso entrevistó al administrador de la Finca de los Monos y al gerente de la firma Klatus Creativo, organizadora del evento, pero no incluyó sus declaraciones en el reportaje, posiblemente porque no se pudo editar de manera convincente para dejarlos como chivos expiatorios.

De acuerdo con el comunicador, ambos aseguraron que las autoridades del municipio del Cerro estaban informadas del itinerario y que habían aprobado la celebración.

Por su parte, la Intendente del Cerro, Elena Luis Rodríguez, reafirmó el carácter no autorizado del evento.

“Cada actividad lleva un protocolo y debe aparecer en el Plan. Si no está en el plan, no es una actividad formal. Por tanto, esa actividad no entró por los canales correspondientes”, indicó la mujer, misma que se contradijo poco después señalando que los funcionarios del “área de recreación” sí conocían de la actividad.

En ese sentido, la coordinadora de programas y objetivos del Gobierno de La Habana, Tatiana Viera Hernández, señala que no se descarta la posibilidad de investigar a estos funcionarios para sancionarlos, todo sea por encontrar a un responsable.

Viera Hernández también negó categóricamente que los organizadores hubieran informado a las autoridades provinciales de las actividades. De manera más directa, el miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en La Habana, Roilán Rodríguez Barbán, indicó que “hubo responsabilidad administrativa en autoridades locales”, por lo que se iban a adoptar “las medidas correspondientes con los responsables”.

El reportaje oficialista, que se esforzó por mantener limpio el nombre de las autoridades, también contó con las declaraciones de la Coronel Tania Fernández Cordero, jefa de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de La Habana.

Esta funcionaria consideró que su actuación fue intachable y que se logró restablecer el orden en “poco tiempo”, esto pese a las denuncias hechas en línea sobre la nula presencia policial durante la trifulca.

Por último, el noticiero aseguró que, además de estar buscando a los responsables de las peleas, las autoridades también busquen a usuarios y medios que compartieron “información falsa” durante el evento, provocando “una situación de alarma”.

“La segunda línea de investigación está encaminada a determinar la identidad de las personas que, de manera inescrupulosa, divulgaron noticias falsas. Se tiene que establecer con qué propósito lo hicieron, con qué finalidad alarmaron a la población. Esta conducta puede constituir un delito”, agregó Angulo González, recordando lo fácil que es para el régimen mantener este tipo de situaciones en silencio gracias a sus tácticas de intimidación, represión y censura.