Régimen justifica crisis energética con actos vandálicos contra el SEN

Las autoridades judiciales de Ciego de Ávila han registrado un total de 43 delitos que han impactado la generación eléctrica en la provincia durante 2024 y el inicio de 2025. La fiscal Keilyn González Varela informó que al menos 32 individuos enfrentan procesos penales por estos hechos.

De acuerdo con una publicación del periódico oficialista Invasor, los delitos más recurrentes incluyen la sustracción de aceite dieléctrico de transformadores, el robo de combustible destinado a grupos electrógenos y la apropiación ilegal de componentes fundamentales en parques solares fotovoltaicos.

Según las autoridades, estos actos delictivos han repercutido negativamente en el abastecimiento de energía en la región. No obstante, la población percibe estas denuncias como un intento del gobierno de desviar la atención sobre los apagones prolongados que afectan a toda la Isla, en medio de una crisis energética cada vez más grave.

Uno de los incidentes de mayor envergadura reportados por la Fiscalía fue la extracción de 6.625 litros de diésel del grupo electrógeno de Cayo Coco en 2024. Según informes oficiales, con esa cantidad de combustible se podría haber mantenido el servicio eléctrico por aproximadamente 10 horas más.

Otro robo significativo ocurrió en el parque solar fotovoltaico Ciego-Norte, donde delincuentes se llevaron elementos esenciales como tornillos, arandelas y tuercas utilizados para sostener las estructuras de los paneles solares. La Unión Eléctrica afirmó que esta pérdida retrasó la operación de la planta, que habría podido aportar 21 megavatios de capacidad instalada mucho antes.

Las autoridades judiciales sostienen que estos delitos afectan directamente a los ciudadanos, ya que la falta de aceite dieléctrico provoca fallos en los transformadores, dejando a comunidades sin electricidad por tiempo indefinido. Sin embargo, la población recuerda que la crisis energética cubana antecede a estos robos, lo que genera escepticismo respecto a las explicaciones oficiales.

“No vengan a justificar los apagones con el robo de combustible y piezas. El problema es la falta de inversión y mantenimiento”, expresó en redes sociales Gema González. Otras personas coinciden en que el gobierno intenta atribuir las fallas a factores externos en lugar de reconocer las deficiencias en la gestión estatal.

La fiscal jefa provincial, María Victoria Sifonte Ayup, aseguró que se aplicará una política de “tolerancia cero” ante estos crímenes, imponiendo sanciones ejemplares que incluyen prisión provisional y la calificación de sabotaje como agravante.

Desde hace varios años, Cuba sufre apagones prolongados debido al deterioro de su infraestructura energética y la escasez de combustible.

A pesar de que el gobierno sostiene que los robos inciden en la inestabilidad del suministro, muchos ciudadanos consideran que la crisis responde a problemas estructurales más profundos.

“El apagón no es producto del robo, es por el mal estado de las termoeléctricas y la falta de combustible”, comentó Ana Olivera. Por su parte, Ariel García Estrada afirmó: “La estabilidad energética se ve afectada más por la ineptitud y corrupción de los dirigentes”.

La desconfianza en las explicaciones oficiales es cada vez mayor. Según los comentarios, muchos ciudadanos creen que estas acusaciones forman parte de una estrategia para justificar medidas más restrictivas y reforzar la narrativa de enemigos internos.

Mientras la Fiscalía promete sanciones severas contra los responsables de estos robos, muchos cubanos se preguntan si también se exigirá responsabilidad a quienes han conducido al colapso del sistema eléctrico. “¿Van a meter preso al ministro de Energía y Minas?”, cuestionó Yoel Garcés Rizo.