Régimen reconoce que mala gestión estatal ha causado pérdidas millonarias

La Contraloría General de la República reveló que en la provincia de Guantánamo se registraron pérdidas económicas superiores a los 146 millones de pesos durante el 2024, resultado de una gestión deficiente por parte de funcionarios estatales.

La información salió a la luz en la asamblea de balance del organismo, donde se discutieron numerosas irregularidades financieras detectadas en 107 acciones de control realizadas en entidades públicas.

El informe destacó la existencia de pagos salariales indebidos, fraudes en los ingresos y fallas en la administración de los recursos estatales. La falta de controles periódicos y efectivos ha facilitado la proliferación de irregularidades en instituciones del sector público, contribuyendo a la crisis económica y a la ineficacia del aparato estatal en la provincia.

Uno de los problemas fundamentales señalados por la Contraloría es la escasez de personal especializado para llevar a cabo auditorías. En Guantánamo, el 45% de las plazas de auditores de la Contraloría están vacantes, lo que limita la capacidad de fiscalización y facilita la ejecución de actos ilícitos por parte de directivos y funcionarios. Esta situación fomenta el desorden administrativo y la malversación de recursos en un contexto de precariedad financiera.

Los auditores internos desempeñaron un papel crucial al identificar numerosas irregularidades dentro de las empresas estatales. En respuesta a esta crisis de control, la Contralora General de la República, Mirian Marbán, ha propuesto la formación de nuevos especialistas en auditoría desde la etapa educativa.

Actualmente, algunos estudiantes de contabilidad y economía han mostrado interés en integrarse a este sector una vez finalizados sus estudios, como una posible solución a la escasez de auditores.

Entre las estrategias para mejorar la supervisión de los recursos públicos, se plantea la informatización de los sistemas de auditoría con el objetivo de modernizar y agilizar los procesos de fiscalización.

Asimismo, se busca reforzar la capacitación del personal en análisis presupuestario y auditoría financiera, con la intención de mejorar la detección y prevención de fraudes en la gestión estatal.

La corrupción en sistemas de control centralizado como el cubano es un problema estructural debido a la falta de transparencia y a la concentración absoluta del poder en manos del Estado.

La inexistencia de una competencia económica real y de mecanismos de fiscalización independientes permite que el fraude y la impunidad sean prácticas habituales en la administración pública.

Sin medios de comunicación autónomos que expongan estos casos ni un sistema judicial independiente que castigue a los responsables, la corrupción se convierte en una norma tolerada dentro del aparato gubernamental.

Este deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones genera efectos profundos en la sociedad:

• Desmotivación política: La falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas refuerza la percepción de que la participación ciudadana es inútil.
• Normalización de la corrupción: Prácticas como los sobornos y el tráfico de influencias se vuelven parte del funcionamiento cotidiano del sistema.
• Aumento de la emigración: Muchos ciudadanos optan por abandonar el país en busca de oportunidades en sistemas menos corruptos.

El mal manejo de los fondos estatales también profundiza la crisis de los servicios públicos esenciales, como la salud y la educación, mientras la élite gubernamental sigue disfrutando de privilegios. Frente a esta realidad, las respuestas oficiales suelen incluir un aumento en la represión y en la censura para evitar el descontento social, o la implementación de reformas superficiales que no modifican la raíz del problema.