Trump demanda a Chicago por interferir con el trabajo de agentes de ICE
La administración del republicano argumenta que las leyes locales y estatales han permitido la liberación de individuos con antecedentes penales
El gobierno de Donald J. Trump ha interpuesto una demanda contra la ciudad de Chicago y el estado de Illinois, argumentando que sus políticas de protección a inmigrantes dificultan la aplicación de las leyes federales de inmigración.
Según reportó la agencia AP, esta acción legal forma parte de la estrategia de la administración republicana para intensificar su ofensiva contra las llamadas “ciudades santuario”, que restringen la cooperación entre las autoridades locales y los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El documento, presentado ante un tribunal federal en Chicago, sostiene que las normativas locales y estatales han permitido la liberación de individuos con antecedentes penales que, a criterio del gobierno federal, deberían haber sido retenidos para su deportación.
“La conducta de los funcionarios de Chicago e Illinois, que durante años han aplicado mínimamente las leyes federales de inmigración y a menudo las han desobedecido, ha dado lugar a la puesta en libertad en Chicago de innumerables delincuentes que deberían haber sido detenidos para su expulsión de los Estados Unidos”, se lee en la demanda.
Asimismo, el texto legal argumenta que las disposiciones de Chicago e Illinois contradicen la legislación federal al impedir que las autoridades locales compartan información migratoria con las agencias correspondientes, lo que dificulta la identificación y eventual deportación de inmigrantes en situación irregular.
Recientemente, altos funcionarios del nuevo gobierno republicano visitaron Chicago para enfatizar la necesidad de una aplicación estricta de las leyes migratorias. Durante la visita, medios de comunicación transmitieron en vivo imágenes del “zar de la frontera”, Tom Homan, supervisando operativos de arresto de indocumentados.
En línea con esta estrategia, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, ha ordenado suspender las subvenciones del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) a las jurisdicciones que, según su criterio, obstaculizan la aplicación de la ley federal.
A pesar de estos intentos, las normativas de Chicago han sido reiteradamente validadas por los tribunales, que han determinado que las políticas santuario no impiden la labor de las autoridades migratorias federales.
Chicago, de mayoría demócrata, mantiene su estatus de ciudad santuario desde la década de 1980 y ha fortalecido estas protecciones en diversas ocasiones, incluyendo en 2017 durante el primer mandato de Trump.
El alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, aún no ha emitido declaraciones sobre la demanda, aunque en el pasado ha defendido la política santuario. Se espera que comparezca próximamente en el Congreso junto a otros alcaldes para abordar este tema.
Por su parte, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, rechazó la acción legal del gobierno federal, asegurando que el estado actúa conforme a la ley de EEUU.
“A diferencia de Donald Trump, Illinois sigue la ley”, indicó su oficina en un comunicado.
Desde la Casa Blanca han reiterado que los migrantes detenidos por ICE tienen antecedentes criminales y deberían haber sido deportados. Como parte de las nuevas medidas, algunos de estos detenidos podrían ser trasladados a un centro de detención en la base naval de Guantánamo.