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Trump planea restricciones de visados para Cuba si el régimen rechaza deportaciones

El gobierno de la Isla se ha mostrado en contra de cooperar con las operaciones de deportación desde EEUU en el pasado

La administración del presidente electo Donald J. Trump planea introducir estrictas restricciones en la emisión de visas en consulados estadounidenses en el extranjero. La medida es parte de su estrategia de presión destinada a facilitar la deportación masiva de migrantes indocumentados, alineándose con las promesas de campaña que hizo en meses anteriores.

Estas políticas se basan en la sección 243(d) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite al Secretario de Seguridad Nacional notificar al Secretario de Estado sobre países que se nieguen a aceptar la repatriación de sus ciudadanos deportados.

En consecuencia, el Secretario de Estado podría ordenar a los consulados suspender la emisión de visas, tanto de inmigrante como de no inmigrante, a ciudadanos de dichas naciones. Entre los países que podrían verse directamente afectados por esta medida figuran Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuyos gobiernos han mostrado resistencia a cooperar con las deportaciones en el pasado.

Esta iniciativa fue destacada por Thomas Homan, designado por Trump como el líder de las políticas migratorias y de seguridad fronteriza. En recientes declaraciones, Homan reafirmó su compromiso con el endurecimiento de las normativas migratorias, bajo el encargo del presidente electo de implementar medidas contundentes en este ámbito.

La implementación de estas restricciones podría tener un impacto considerable en los ciudadanos de países sancionados, quienes enfrentarían la paralización de sus solicitudes de visa. Esto limitaría significativamente sus posibilidades de migrar legalmente a Estados Unidos.

En el caso de Cuba, los acuerdos migratorios firmados con Estados Unidos en la década de 1990 podrían verse comprometidos. Dichos acuerdos establecen que el gobierno estadounidense debe otorgar al menos 20.000 visas de inmigrante anuales a ciudadanos cubanos. Sin embargo, el incumplimiento del gobierno cubano en aceptar a sus nacionales deportados podría conducir a la suspensión de este compromiso.

Actualmente, los vuelos de deportación desde Estados Unidos hacia Cuba se limitan a uno mensual, con un promedio de menos de 50 migrantes repatriados por vez.

Además de las restricciones en visas, Trump planea revivir la política de “tolerancia cero” en la frontera, enfocándose en procesar penalmente a quienes crucen ilegalmente. Se prevé que durante el primer año de su mandato se deporten entre 1 y 1,5 millones de personas, priorizando a aquellos con antecedentes penales graves o con órdenes finales de deportación.

Otra medida en evaluación es la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de migrantes indocumentados. De implementarse, los padres deportados enfrentarían la difícil decisión de dejar a sus hijos ciudadanos en Estados Unidos o llevárselos consigo, lo que podría fracturar a miles de familias.

Con estas políticas, la administración entrante busca enviar un mensaje claro sobre su postura migratoria y aumentar la presión sobre los gobiernos considerados “recalcitrantes”, a costa de profundizar el impacto en las comunidades migrantes y sus familias.

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