Trump revierte suspensión de asistencia jurídica para menores migrantes
Una decisión que, tras la intensa presión de organizaciones, reabre el acceso a servicios legales esenciales para niños que llegan solos a EEUU
El pasado viernes se dio a conocer la revocación de la medida que suspendía los servicios legales financiados con fondos federales para menores migrantes no acompañados que arribaron a los Estados Unidos, una decisión inicial anunciada el martes 18 de febrero por el mandatario Donald J. Trump.
La medida inicial suscitó críticas por parte de grupos de derechos humanos y activistas, pues la suspensión afectaba un programa destinado a brindar representación jurídica a niños que ingresan solos al país desde la frontera con México, dejando en pausa las labores de diversas organizaciones, incluso en casos de extrema vulnerabilidad.
La administración de Trump comunicó a las entidades involucradas que podían retomar sus actividades. Así, el Acacia Center for Justice confirmó que el Gobierno “había dado marcha atrás en su decisión previa”, y el Departamento del Interior emitió el aviso.
“El Acacia Center for Justice puede reanudar todas las actividades”, sin detallar las razones del cambio.
El programa, respaldado por un contrato de 200 millones de dólares, ha permitido que Acacia y sus subcontratistas ofrezcan representación legal a cerca de 26.000 menores migrantes, además de brindar educación jurídica a otros 100.000 niños.
Shaina Aber, directora ejecutiva de Acacia, explicó que la entidad continuará colaborando con el Gobierno “para garantizar que estos servicios cruciales que defienden los derechos básicos al debido proceso de los niños vulnerables sean completamente restaurados” y enfatizó que es imprescindible evitar que “ningún niño se vea obligado a navegar solo por el sistema de inmigración”.
La decisión inicial generó una respuesta inmediata en la sociedad, evidenciada por el envío de más de 15.000 cartas al Congreso en menos de 48 horas, exigiendo la reactivación del programa.
Aunque el contrato tiene una vigencia de cinco años, el futuro de este apoyo legal permanece incierto, ya que la renovación depende de la evaluación anual del Gobierno, cuya decisión para el presente año se definirá en marzo.
Entre los defensores de los derechos de los migrantes, persisten las inquietudes. Michael Lukens, director ejecutivo del Amica Center for Immigrant Rights, expresó su alarma.
“Estoy muy preocupado porque el ataque a los niños no tiene precedentes”. Según Lukens, de haberse mantenido la orden inicial, “habría dejado a los niños en todo el país sin el debido proceso ni protección”.
El respaldo legal de esta asistencia se fundamenta en normativas como la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008, que obliga al Gobierno a facilitar representación legal en procesos de deportación, aunque sin garantizar la asignación automática de un abogado para cada menor. Asimismo, la suspensión afectaba el Acuerdo Judicial Flores de 1997, un mecanismo que, pese a las controversias y revisiones por diversas administraciones, sigue siendo clave para asegurar el acceso a una defensa adecuada.
Las asesorías provienen mayoritariamente de organizaciones sin fines de lucro financiadas con recursos gubernamentales, que facilitan que los menores puedan “navegar dentro del marco del debido proceso migratorio y defender sus derechos de permanencia en Estados Unidos”.
En ese sentido, Wendy Young, presidenta de Kids in Need of Defense, subrayó que “la decisión de restaurar los fondos asegura la continuación de protecciones vitales para los niños vulnerables”.
